BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Interior, Felip Puig, ha anunciado este lunes que estudian sustituir a los 500 mossos d’Esquadra que ahora vigilan el perímetro de las prisiones catalanas por vigilantes de seguridad para que estos agentes puedan dedicarse a tareas propiamente policiales como combatir la delincuencia.
En una conferencia organizada por la Fundació Catalunya Oberta, Puig ha revelado esta fórmula, que deberá tener el visto bueno del Gobierno central, para suplir si finalmente no pueden convocar una nueva promoción este año.
En su intervención, el consejero ha defendido que los ciudadanos y las empresas deben ser “corresponsables” de la seguridad y que, por lo tanto, la garantía de la seguridad no puede recaer exclusivamente en la administración pública.
La Policía condecora a los profesionales de la seguridad privada por su labor
31-05-2011 / 14:40 h
Uno de estos últimos casos es el de Ian Iglesias, vigilante de seguridad de Seguma, que a los seis meses de comenzar a trabajar en este sector tuvo que atender a un niño de dos años por una parada cardiorrespiratoria en un centro comercial.
Gracias a su experiencia de seis años en Cruz Roja, pudo controlar y evaluar la situación, aplicar las maniobras pertinentes y mantener estabilizado al niño hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Hoy Iglesias ha recibido con “orgullo y honor” la mención honorífica tipo A -la máxima distinción- por su actuación, de la que no ha olvidado ni un sólo detalle pese a los meses transcurridos, según ha explicado a EFE al término de los actos para conmemorar el “Día de la Seguridad Privada” en Madrid.
Iglesias ha remarcado que se toma este premio como un reconocimiento a todas las personas que, como él, protagonizan intervenciones asistenciales pero permanecen en el anonimato.
Pero más allá de la distinción, para él lo más importante de aquel episodio es que el niño sigue vivo “gracias a todo el equipo”, y ha admitido que atender a personas que se encuentran en peligro “compensa enormemente” los días en los que sus únicas actuaciones son para evitar delitos. “No sólo estamos para combatir la delincuencia, también para ayudar”.
Como Ian Iglesias, media docena de personas han recibido la mención honorífica tipo A, como un escolta privado que, estando fuera de servicio, redujo a un atracador que había apuñalado a un empleado de una sucursal bancaria, o varios vigilantes de seguridad que en el ejercicio de su trabajo arriesgaron sus vidas -en algunos casos, resultando heridos- para evitar delitos.
Junto a ellos, casi 300 profesionales de la seguridad privada han recibido las menciones honoríficas tipo B que otorga la Policía Nacional, en un acto en el que han estado presentes, entre otros, la Delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, o el Jefe Superior de Policía en madrid, Francisco Javier Redondo.
Dolores Carrión, al clausurar el acto, ha remarcado la importancia de la seguridad porque sin ella “no hay libertades, derechos ni confianza, ni puede haber progreso económico y social”.
Madrid, ha dicho, es una Comunidad segura, y así lo prueba el descenso de la criminalidad, el mayor número de detenidos o el mayor número de delitos esclarecidos, unos resultados que ha atribuido al aumento de la plantilla de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero también al trabajo de las 318 empresas de seguridad privada y sus 21.000 profesionales, junto a escoltas o detectives privados.
“Todas estas organizaciones pueden sentirse orgullosas y compartir los éxitos obtenidos”, ha dicho, antes de instar a estas empresas a impulsar la cooperación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con las administraciones.
Francisco Javier Redondo, por su parte, ha recalcado que los trabajadores de la seguridad privada se han convertido en “actores fundamentales” y en “un aliado insustituible” para la Policía, y ha coincidido en que es necesario “sumar fuerzas y aunar esfuerzos” porque la respuesta frente al delito “debe ser coordinada y cada vez más especializada”. EFE
Reglamento de Protección de las Infraestructuras Críticas.
Palabras claves: Seguridad, Protección, Terrorismo
La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas habilita al Gobierno, para dictar el Reglamento de ejecución de desarrollo de la mencionada Ley.
En cumplimiento de este mandato, se aprueba este Real Decreto, en primer lugar, con la finalidad de desarrollar, concretar y ampliar los aspectos contemplados en la citada Ley, máxime cuando del tenor de la misma se desprende no sólo la articulación de un complejo Sistema de carácter interdepartamental para la protección de las infraestructuras críticas, compuesto por órganos y entidades tanto de las Administraciones Públicas como del sector privado, sino el diseño de todo un planeamiento orientado a prevenir y proteger las denominadas infraestructuras críticas de las amenazas o actos intencionados provenientes de figuras delictivas como el terrorismo, potenciados a través de las tecnologías de la comunicación
ENLACES A LA NOTICIA:
- Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. AQUÍ
- Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. AQUÍ
La Policía Nacional desarticula una red que había realizado más de medio centenar de matrimonios de conveniencia
Palabras clave: Inmigración, Documentación, Organización Criminal
Fuente: Cuerpo Nacional de Policía
De 500 a 3.000 euros por contraer matrimonio con un ciudadano extranjero
Hay 22 detenidos por pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal dedicado al fraude a la legislación de extranjería mediante la celebración de matrimonios ilegales. Hay 22 personas arrestadas por pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
La investigación se inició tras detectarse la proliferación en varias parroquias de Murcia de celebraciones de matrimonios canónicos, entre ciudadanos nigerianos y españoles, y la posterior utilización de la documentación generada por estos actos para la regularización administrativa del contrayente extranjero.
El análisis de la documentación presentada permitió determinar una serie de características comunes presentes en un la mayor parte de los matrimonios cuya documentación fue sometida a estudio. Entre otras, destacaban la fijación de un falso domicilio común de los contrayentes, que en muchas ocasiones ni siquiera existía físicamente, así como un perfil del contrayente español muy concreto y determinado, vinculado al ámbito de la marginalidad. Además, las personas que constaban como testigos figuraban a su vez como contrayentes en otros expedientes matrimoniales similares y se comprobó la falsedad de gran parte de los documentos aportados al expediente matrimonial, tales como certificados de bautismo, certificados de cursillos prematrimoniales, documentos expedidos por autoridades nigerianas tales como declaraciones de edad o de estado civil, pasaportes nigerianos y otros.
Con testigos y cursillos prematrimoniales
Las gestiones practicadas permitieron determinar que el modus operandi de la organización investigada. Los integrantes de la organización captaban, a través de intermediarios, a ciudadanos españoles a quienes se les ofrecen sumas de dinero de entre 500 y 3000 euros a cambio de que contrajeran matrimonio con inmigrantes en situación irregular y con el único propósito de que ese vínculo matrimonial sirviera para el acceso de estos a la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea.
La organización, por su parte, facilitaba al cliente toda la cobertura y medios necesarios para el éxito de los trámites, tales como testigos, domicilios, desplazamientos y certificados u otros documentos falsificados.
Tras varios meses de investigaciones, a finales del pasado mes de septiembre se llevó a cabo un dispositivo destinado a la detención de los responsables de los hechos investigados. 22 personas fueron arrestadas, 14 españoles y 8 nigerianos, acusados de falsedad documental, pertenencia a organización criminal y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los agentes registraron un domicilio situado en la ciudad de Alicante y utilizado por los responsables de la investigación, donde se intervino material informático y documentación relacionada con los hechos investigados.
Las investigaciones han sido desarrolladas de manera conjunta por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Murcia y Alicante, y la Brigada Central de Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Además han colaborado las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Toledo, Málaga y Cuenca.
Se estima que el número total de matrimonios fraudulentos celebrados conforme al procedimiento descrito supera el medio centenar.
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